Declaración sobre el Registro Inmobiliario en Andalucía
El presidente de La Junta Directiva de GIPE (Gestores Inmobiliarios Profesionales Europeos), segunda asociación más antigua de España en representación de los profesionales inmobiliarios, desea manifestar públicamente su profunda preocupación por las iniciativas legislativas y reguladoras que, bajo la apariencia de flexibilizar el mercado, suponen en realidad un grave retroceso en términos de protección al consumidor y seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias.
En la actualidad, la profesión inmobiliaria no está regulada, conforme a lo dispuesto por la Ley 10/2003, de 20 de Mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario. Por ello, desde GIPE y junto a otros colectivos profesionales, hemos venido defendiendo de forma firme y continuada la necesidad de que la nueva Ley de Vivienda de la Junta de Andalucía establezca un marco normativo que contemple, un Registro obligatorio de operadores inmobiliarios. Dicho carácter obligatorio figuraba expresamente en el anteproyecto de la Ley, pero lamentablemente ha sido eliminado en el texto del proyecto actualmente en tramitación.
Esta eliminación no solo supone una oportunidad perdida, sino que además coloca al consumidor en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la intromisión de intermediarios que sin la experiencia y dedicación profesional necesarias actuaran en el mercado inmobiliario. La experiencia en aquellas comunidades autónomas que ya han implantado registros obligatorios demuestra que estas medidas refuerzan la profesionalización del sector, mejoran la transparencia en las operaciones y ofrecen mayores garantías de información y de seguridad jurídica a los consumidores, al otorgar un sello de calidad, acreditativo de que cumplen con sus obligaciones.
La preocupación es aún más grave si se tiene en cuenta el actual marco normativo estatal y autonómico, que impone a los profesionales inmobiliarios obligaciones estrictas en materia de prevención del blanqueo de capitales, protección de datos, transparencia fiscal y otras normativas sectoriales. Mientras, que los profesionales inscritos en los Registros Inmobiliarios cumplen con sus obligaciones bajo riesgo de sanciones; en cambio, resultará prácticamente imposible garantizar que las inmobiliarias no registradas ni supervisadas se sometan a dichos controles. Esto genera una clara asimetría competitiva en el sector y deja al consumidor final expuesto a un mayor nivel de inseguridad y desprotección.
La vivienda es un derecho constitucional y una necesidad básica. Por ello, resulta inaceptable que en un ámbito tan sensible como la compraventa y el arrendamiento de inmuebles se permita una actuación que favorezca a intermediarios oportunistas en detrimento de familias y ciudadanos que depositan su confianza —y, a menudo, sus ahorros de toda una vida— en la profesionalidad del gestor inmobiliario.
Desde GIPE reiteramos nuestra defensa firme de un registro obligatorio y efectivo de operadores intermediarios en el mercado inmobiliario que garantice estándares de calidad, ética y transparencia, al tiempo que exigimos a los poderes públicos que la protección del consumidor, prime sobre cualquier otro concepto.
En consecuencia, solicitamos formalmente que en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía se restituya la obligatoriedad del Registro de operadores inmobiliarios, como garantía básica de seguridad y confianza en el mercado, y se adecuen sus requisitos a las normas de no discriminación, que no obstaculicen el desarrollo de la actividad ni de la libre competencia.
La Junta Directiva de GIPE seguirá trabajando y dialogando con las instituciones, partidos políticos y administraciones competentes para asegurar que la ordenación del sector inmobiliario en Andalucía y en toda España responda al interés general y a la protección de los consumidores.
En Málaga a 3 de octubre 2025.
La Junta Directiva de GIPE
Gestores Inmobiliarios Profesionales Europeos
www.gipe.es
Alfred Van Krimpen
Presidente de GIPE.
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