NOVEDADES SOBRE EL REGISTRO OBLIGATORIO DE AGENTES INMOBILIARIOS EN ANDALUCÍA:

Resumen del Anteproyecto de Ley

Capítulo III: Intermediación Inmobiliaria en el Mercado Residencial

Este capítulo regula la actividad de los Agentes Inmobiliarios Especializados del Sector Residencial de Andalucía, destacando su rol en la intermediación, asesoramiento y gestión en operaciones relacionadas con inmuebles residenciales.

Aspectos principales:

Definición y Registro de Agentes Inmobiliarios

Son personas o entidades que ejercen actividades retribuidas de intermediación en la compraventa, alquiler, permuta, cesión o gestión de derechos de uso y disfrute de viviendas en Andalucía.

La inscripción en un registro específico, creado por la Consejería de Vivienda, es obligatoria y pública, promoviendo la transparencia, profesionalización y protección al consumidor.

Derechos y Obligaciones

Los agentes deben respetar los derechos de las personas involucradas en las transacciones y cumplir con el deber de información, conforme a la normativa estatal y autonómica.

Requisitos de Inscripción

• Capacitación profesional: título universitario, formación específica (200 horas) o experiencia de al menos 4 años.
• Establecimiento abierto al público (presencial o telemático).
• Garantías legales: seguros de responsabilidad civil y garantías para cubrir daños o montos manejados.
• Ausencia de antecedentes penales relacionados con la actividad inmobiliaria.
  

Registro Declarativo y Distintivo Obligatorio

La inscripción se realiza mediante una declaración responsable que acredita el cumplimiento de los requisitos.

Los agentes deben exhibir el distintivo del registro en sus locales y publicidad.

Naturaleza del Registro

El registro es administrativo, gratuito y está orientado a coordinar iniciativas públicas y público-privadas, especialmente en el ámbito de la vivienda protegida y programas del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

Seguros y Garantías

Se exige una garantía económica y una póliza de seguro de responsabilidad civil para responder ante posibles perjuicios derivados de la actividad.

En conjunto, este marco normativo busca profesionalizar el sector, proteger a los consumidores y fortalecer la intermediación inmobiliaria en Andalucía.

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